«El objetivo de esta asignatura es quitar la educación de manos de los padres, que normalmente son muy reaccionarios, y de los curas desviacionistas». Estoy segura de que Fernando Savater no sabía el inmenso favor que estaba haciendo al movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía cuando pronunció esta frase en el VIII Congreso de Escritores de España celebrado en León, en octubre de 2008.
A veces, tratando de explicar en qué consiste este proyecto ideológico del Gobierno nos complicamos con conceptos que no todo el mundo llega a entender: ideología de género, relativismo moral, positivismo jurídico… La ventaja de la descripción de Savater es que no necesita más explicaciones; es el perfecto resumen de lo que es EpC. En esa frase está la clave. Si se cumple ese objetivo, si el Estado es capaz de arrebatar a los padres la educación de sus hijos se habrá producido ese cambio revolucionario en la enseñanza del que hablaba Peces-Barba en el año 2004, ese cambio capaz de justificar, por sí solo, toda una legislatura.
¿Cómo es posible que una asignatura sea capaz de obrar esa transformación? ¿Cuál es ese cambio revolucionario en la enseñanza? Con EpC y su diseño perverso que lo impregna todo se ha conseguido convertir la escuela, todas las escuelas, en centros de manipulación ideológica. Algunos, de momento, creen haber podido escapar a ese destino con lo que han llamado «adaptación». Con su actitud, lo sepan o no, están ayudando al Gobierno a engrasar la maquinaria para que le sea más fácil, dentro de poco, dar la siguiente vuelta de tuerca. Veremos qué hacen entonces.
Esa manipulación ideológica, en lenguaje oficial, se dice formar la conciencia moral de los alumnos. ¿Es posible que a un Estado le pueda interesar alcanzar ese objetivo? No cabe duda; más que ningún otro. Con conciencias formadas a su medida, es decir, con «pseudo-conciencias», se acabó toda resistencia. Precisamente el gran obstáculo, si no el único, que se está encontrando el Gobierno en sus planes se llama objeción de conciencia. Cuando se pervierte de tal manera el sistema que se utiliza para imponer leyes inmorales e injustas; cuando las instituciones no cumplen su función; cuando los tribunales no tutelan los derechos de las personas; cuando parece que ya no se puede hacer nada… siempre hay algo que se puede hacer: apelar a la libertad de conciencia.
El Gobierno lo sabe; sabe que contra eso no tiene armas. Sí las tiene para manejar a aquellos en los que ya ha calado, en gran medida, la doctrina EpC de Estado-dador-y-quitador-de-derechos-e-instaurador-de-valores-morales, pero no puede acabar con los verdaderos objetores de conciencia. Bastaría con que hubiera uno solo para poner en riesgo su proyecto, y en este momento hay miles, en todos los ámbitos.
¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del aborto? Para poder sacar cómodamente adelante su perverso plan de reconversión de un delito despenalizado en un derecho, la creación de tal derecho inexistente tiene que ir acompañada de la supresión de un derecho fundamental, el de la libertad de conciencia con su consecuencia directa: la objeción de los médicos. No lo tienen fácil. La Organización Médica Colegial ya lo dejó bien claro el pasado mes de agosto al advertirle al Ministro de Justicia que la objeción de conciencia «se va a respetar, se quiera o no se quiera, y es mejor hacerlo por las buenas que por las malas».
Lo mismo están diciendo, con su actitud firme, los padres que han ejercido ese mismo derecho frente a Educación para la Ciudadanía. En este caso, de momento, parece que el Gobierno sigue empeñado en que sea por las malas.
Ahí está, sin ir más lejos, Peces-Barba amenazando a los padres siempre que tiene ocasión: «La objeción de conciencia se produce si la ley lo permite». Debe pensar, en su megalomanía, que por ser uno de los llamados «padres de la Constitución» puede ejercer una cierta patria potestad sobre cualquier ciudadano de este país. A ver cuándo se entera de que, en cuestiones de formación moral, un padre de la Constitución no tiene nada que decir frente a un padre de familia.
A veces, tratando de explicar en qué consiste este proyecto ideológico del Gobierno nos complicamos con conceptos que no todo el mundo llega a entender: ideología de género, relativismo moral, positivismo jurídico… La ventaja de la descripción de Savater es que no necesita más explicaciones; es el perfecto resumen de lo que es EpC. En esa frase está la clave. Si se cumple ese objetivo, si el Estado es capaz de arrebatar a los padres la educación de sus hijos se habrá producido ese cambio revolucionario en la enseñanza del que hablaba Peces-Barba en el año 2004, ese cambio capaz de justificar, por sí solo, toda una legislatura.
¿Cómo es posible que una asignatura sea capaz de obrar esa transformación? ¿Cuál es ese cambio revolucionario en la enseñanza? Con EpC y su diseño perverso que lo impregna todo se ha conseguido convertir la escuela, todas las escuelas, en centros de manipulación ideológica. Algunos, de momento, creen haber podido escapar a ese destino con lo que han llamado «adaptación». Con su actitud, lo sepan o no, están ayudando al Gobierno a engrasar la maquinaria para que le sea más fácil, dentro de poco, dar la siguiente vuelta de tuerca. Veremos qué hacen entonces.
Esa manipulación ideológica, en lenguaje oficial, se dice formar la conciencia moral de los alumnos. ¿Es posible que a un Estado le pueda interesar alcanzar ese objetivo? No cabe duda; más que ningún otro. Con conciencias formadas a su medida, es decir, con «pseudo-conciencias», se acabó toda resistencia. Precisamente el gran obstáculo, si no el único, que se está encontrando el Gobierno en sus planes se llama objeción de conciencia. Cuando se pervierte de tal manera el sistema que se utiliza para imponer leyes inmorales e injustas; cuando las instituciones no cumplen su función; cuando los tribunales no tutelan los derechos de las personas; cuando parece que ya no se puede hacer nada… siempre hay algo que se puede hacer: apelar a la libertad de conciencia.
El Gobierno lo sabe; sabe que contra eso no tiene armas. Sí las tiene para manejar a aquellos en los que ya ha calado, en gran medida, la doctrina EpC de Estado-dador-y-quitador-de-derechos-e-instaurador-de-valores-morales, pero no puede acabar con los verdaderos objetores de conciencia. Bastaría con que hubiera uno solo para poner en riesgo su proyecto, y en este momento hay miles, en todos los ámbitos.
¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del aborto? Para poder sacar cómodamente adelante su perverso plan de reconversión de un delito despenalizado en un derecho, la creación de tal derecho inexistente tiene que ir acompañada de la supresión de un derecho fundamental, el de la libertad de conciencia con su consecuencia directa: la objeción de los médicos. No lo tienen fácil. La Organización Médica Colegial ya lo dejó bien claro el pasado mes de agosto al advertirle al Ministro de Justicia que la objeción de conciencia «se va a respetar, se quiera o no se quiera, y es mejor hacerlo por las buenas que por las malas».
Lo mismo están diciendo, con su actitud firme, los padres que han ejercido ese mismo derecho frente a Educación para la Ciudadanía. En este caso, de momento, parece que el Gobierno sigue empeñado en que sea por las malas.
Ahí está, sin ir más lejos, Peces-Barba amenazando a los padres siempre que tiene ocasión: «La objeción de conciencia se produce si la ley lo permite». Debe pensar, en su megalomanía, que por ser uno de los llamados «padres de la Constitución» puede ejercer una cierta patria potestad sobre cualquier ciudadano de este país. A ver cuándo se entera de que, en cuestiones de formación moral, un padre de la Constitución no tiene nada que decir frente a un padre de familia.
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